El Ministerio de Salud oficializó este lunes un nuevo marco regulatorio para vapeadores, cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina. La Resolución 549/2026, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza la prohibición vigente por un sistema de control, registro y fiscalización de estos productos. El cambio de enfoque busca establecer estándares mínimos de calidad y seguridad sanitaria en la comercialización e importación, ante la constatación de que la prohibición previa no logró detener su consumo.
Según datos del Gobierno, los dispositivos de vapeo registran una prevalencia de uso del 35,5% entre adolescentes en el último año, ubicándose entre las sustancias más consumidas en ese grupo etario. Este panorama motivó el avance hacia un modelo regulatorio similar al de países como Estados Unidos y el Reino Unido.
La normativa clasifica los vapeadores, dispositivos de tabaco calentado, líquidos para vaporización y bolsas de nicotina como productos elaborados con tabaco, sujetos a las disposiciones de la Ley 26.687. Se exigen advertencias sanitarias en los envases, se prohíben diseños atractivos para menores y se limitan los mensajes publicitarios. Respecto de los sabores, solo se autoriza tabaco y mentol en bolsas de nicotina. Quedan prohibidos los cigarrillos electrónicos descartables, considerados de alto atractivo para la iniciación juvenil.
Se creó el Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina para clasificar dispositivos, monitorear consumo y ajustar regulación según evidencia disponible. Los productos no incluidos en las categorías definidas no podrán importarse ni venderse en el país. Fabricantes e importadores deberán inscribir cada producto, presentar información sobre composición, estudios toxicológicos y certificaciones de laboratorio, además de reportar datos de ventas y perfil de consumidores para reforzar controles, especialmente respecto al acceso de menores.
El Gobierno indicó que el nuevo esquema apunta a reforzar la capacidad de fiscalización estatal, reducir riesgos asociados al consumo y combatir la comercialización ilegal de productos sin control sanitario.
