La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de resolución exigiendo explicaciones sobre el desalojo ejecutado en Barzana 1236 el pasado 28 de abril. El operativo involucró a la Agencia Gubernamental de Control y otros organismos, y los legisladores buscan determinar si se cumplieron protocolos de protección de menores durante la intervención.

Uno de los puntos críticos del cuestionamiento radica en la cronología de los hechos. Aunque la disposición administrativa de desalojo por riesgo edilicio fue emitida el 29 de enero de 2026, la ejecución se dilató tres meses. Los legisladores pretenden aclarar si durante ese período el Gobierno de la Ciudad tuvo conocimiento de la presencia de menores en el inmueble y qué relevamientos previos se realizaron para garantizar su integridad.

El caso trasciende la cuestión edilicia. En la propiedad funcionaba un taller clandestino donde se presume que menores de edad eran explotados laboralmente. El cuerpo legislativo solicita información exhaustiva sobre las causas judicales iniciadas, el número de imputados y el juzgado interviniente. También requiere un inventario del material decomisado, particularmente máquinas de coser halladas en el lugar, y detalles sobre el rol del personal policial.

La protección de la infancia es el eje central de los cuestionamientos. Los legisladores exigen precisar cuándo fue notificado el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, si participó en la planificación del operativo o si su intervención fue reactiva. El informe debe incluir la nómina de profesionales presentes, los protocolos de evaluación de riesgo aplicados y el destino final de los menores afectados.

Asimismo, solicitan detalles sobre la situación de las familias desalojadas: composición etaria y nacionalidad de los menores, su estado de salud, trayectorias educativas y si se articularon medidas de protección o derivaciones a dispositivos de alojamiento. Con este pedido, el Legislativo busca determinar si el Estado porteño cumplió con su deber de cuidado o si el procedimiento se ejecutó sin una red de contención adecuada para las víctimas.