El Gobierno oficializó este lunes un giro de 180 grados en la política sobre productos de nicotina. Tras más de 15 años de prohibición, se establece un marco legal para la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca ordenar un mercado que operaba en la informalidad y carecia de control estatal.
Según el diagnóstico oficial, el esquema restrictivo anterior no frenó el consumo. Por el contrario, impulsó el crecimiento del mercado ilegal y el contrabando. La nueva normativa, coordinada entre Economía, Salud, la ANMAT y la Jefatura de Gabinete, introduce un registro obligatorio para todos los productos. Ningún dispositivo o sustancia podrá venderse legalmente sin estar inscripto en el sistema.
Las empresas deberán declarar la composición exacta de sus productos y cumplir con estándares estrictos de calidad y condiciones de fabricación. Al ingresar al circuito formal, estos productos comenzarán a tributar, lo que genera un cambio relevante en términos económicos y reduce el peso del mercado en negro.
Uno de los ejes centrales de la regulación es la protección de menores. La norma dispone la eliminación de sabores en los vapeadores, considerados como la principal puerta de entrada al consumo en adolescentes. También fija límites a la concentración de nicotina y establece listas de ingredientes permitidos y prohibidos para desalentar el inicio temprano en la adicción.
El Gobierno sostiene que la regulación permitirá ofrecer alternativas "potencialmente menos dañinas" para fumadores adultos. Desde la industria celebraron la decisión y señalaron que el país se alinea con más de 100 mercados que ya regulan estos productos. El desafío inmediato será la fiscalización, clave para desplazar el circuito ilegal que creció durante años al margen de la ley.
