Una denuncia sobre consumos millonarios con tarjetas corporativas en Nucleoeléctrica Argentina puso en evidencia las dificultades que atraviesa el sector nuclear público. El caso, que llegó a la Justicia, expone un contraste entre gastos cuestionables y la falta de recursos para el funcionamiento básico de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la CNEA remarcaron que el organismo enfrenta un deterioro significativo. La delegada general de ATE en esta área manifestó que no cuentan con presupuesto suficiente ni para insumos esenciales y que los salarios permanecen en niveles que consideran insuficientes, lo que genera renuncias y la fuga de profesionales.
La crisis impacta en áreas estratégicas como las vinculadas a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, donde se redujeron los equipos técnicos cruciales para el mantenimiento y la preservación de componentes clave. Según ATE, mientras el discurso oficial sostiene un supuesto impulso al sector, en la práctica se profundizan recortes y se frenan proyectos que podrían fortalecer la soberanía energética del país.
Estos problemas, advierten desde el sindicato, no solo amenazan la infraestructura existente sino también ponen en juego décadas de desarrollo científico y tecnológico vinculado a la energía nuclear argentina. La posibilidad de privatizaciones o desguace de las áreas más sensibles agrega una preocupación adicional sobre la continuidad y autonomía del sector.
