Durante poco más de dos meses, la extracción de calamar en aguas cercanas a Malvinas con licencias consideradas ilegales por Argentina alcanzó un valor cercano a los 500 millones de dólares. Este volumen fue capturado por flotas españolas operando bajo permisos otorgados por el Reino Unido, que administra las islas en disputa.
La pesca comenzó con expectativas optimistas para la flota gallega pero terminó con una cuantificación que alerta sobre la dimensión del saqueo. Según datos oficiales, la extracción total superó las 42.000 toneladas de calamar patagónico, del cual se descartó solo un 10%, dejando más de 37.000 toneladas puestas en el mercado. El precio promedio del kilo en España ronda los 11,30 euros, lo que elevó las ventas a más de 427 millones de euros.
Este traslado de recursos naturales sumado al régimen de licencias y la operativa de empresas españolas configura una transferencia significativa de riqueza desde la plataforma continental argentina. La suma de casi 500 millones de dólares equivale, en términos nacionales, a varias veces más que el presupuesto anual argentino para patrullaje y vigilancia de su Zona Económica Exclusiva. Además, podría financiar proyectos sociales y de infraestructura, como la construcción de hospitales de alta complejidad y el desarrollo de barrios populares.
El proceso se sostiene por un acuerdo tácito entre Londres y las compañías españolas, que aportan embarcaciones y tecnología especializada para la pesca y procesamiento. Empresas como Lanzal, Pescapuerta y Grupo Pereira son señaladas como los principales actores del lado español, mientras que el Reino Unido mantiene el control administrativo y militar en Malvinas, obteniendo beneficios económicos que sostienen su presencia en la región.
El consumo europeo de calamar patagónico está directamente vinculado a este escenario. Cada producto que llega a los mercados comunitarios carga consigo el costo operativo y la base económica que legitiman la explotación y ocupación de estas aguas en disputa. La temporada que acaba de finalizar involucró 16 buques españoles que, además de generar empleo y actividad económica en Galicia, consolidan un modelo de extracción cuestionado desde Argentina.
