La Cámara de Diputados de Mendoza dio luz verde definitivo a la “ley macro”, una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca impulsar la inversión productiva y reestructurar organismos provinciales estratégicos. Entre sus principales medidas, se destaca la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivos para la Inversión (RIMI), un plan nacional que otorga beneficios tributarios a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) para fomentar nuevos proyectos durante los próximos dos años.
El RIMI contempla ventajas como la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales IVA. Además, la propuesta provincial incluye beneficios adicionales: estabilidad impositiva para que las firmas no enfrenten subas tributarias locales durante el programa, prioridad en líneas de financiamiento con subsidios en tasas, y tratamiento preferencial para capacitaciones, asistencia técnica y transferencia tecnológica. También se prevé facilitar la instalación de nuevas industrias mediante acceso preferente a parques industriales y espacios productivos controlados por la provincia.
La reforma se completa con la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos, que enfrentaba problemas económicos y operativos. La ley le otorga facultades para modificar su estructura en un año, implementar adecuaciones presupuestarias y asegurar su sostenibilidad financiera. Para el personal, establece que se respetarán las normativas vigentes de empleo público y que se priorizará la continuidad laboral, promoviendo distintas alternativas para trabajadores permanentes sin afectar la plantilla.
Otro punto clave es la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, una medida que busca ordenar las finanzas públicas, junto con la liquidación de activos a cargo de la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (DAABO). Estas acciones forman parte de una estrategia integral para potenciar el desarrollo económico y productivo de Mendoza, alineando recursos y organismos a nuevas prioridades.
Tras aprobarse en el Senado con modificaciones, el proyecto volvió a Diputados para lograr la sanción definitiva. Con esta ley, Mendoza aspira a aprovechar incentivos nacionales, atraer capital privado a sectores estratégicos y modernizar organismos que impactan directamente en el entramado productivo y laboral local.