El Gobierno nacional oficializó el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo creado para financiar el pago de indemnizaciones por despido mediante fondos específicos constituidos y gestionados por los empleadores del sector privado. Esta iniciativa está contenida en la Ley de Modernización Laboral y fue formalizada a través del Decreto 408/2026, publicado en el Boletín Oficial.
El FAL operará con recursos administrados bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), entidad descentralizada del Ministerio de Economía. Se utilizarán vehículos de inversión colectiva como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros, los cuales permiten la segregación patrimonial y garantizan una administración transparente de los recursos. Las inversiones deberán realizarse exclusivamente en instrumentos financieros emitidos y negociados dentro de Argentina para fomentar la inversión productiva local.
La reglamentación detalla que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será responsable de recaudar y canalizar los aportes, que formarán parte del sistema de seguridad social. Para ello, cada empleador deberá contar con un identificador específico denominado «ID FAL», que facilitará la correcta asignación de los fondos. Solo estarán alcanzados por este régimen los empleadores privados, excluyendo a aquellos trabajos expresamente exceptuados por la ley y el sector público.
En cuanto al proceso para el pago de indemnizaciones a trabajadores registrados, el decreto establece que, tras la presentación de la declaración correspondiente, la entidad administradora del fondo deberá transferir el monto correspondiente al empleado en un plazo máximo de cinco días hábiles. La norma también prevé las características de las cuentas individuales de cada empleador y los requisitos para la registración de los trabajadores que accedan a la cobertura del fondo.
Este sistema busca articular un flujo ordenado y transparente de los recursos que se destinen a contingencias laborales, al tiempo que incorpora criterios de supervisión financiera para garantizar su correcto uso. De este modo, el FAL representa una herramienta que centraliza y regula el financiamiento de indemnizaciones, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad y seguridad tanto a empleadores como a empleados.