La Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM), junto a la Confederación Económica de Misiones (CEM), solicitaron al Gobierno provincial la apertura de un diálogo urgente para revisar normativas que consideran rígidas y perjudiciales para el sector agroforestal, en especial el nuevo Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA).

En una reunión reciente impulsada por la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), se respaldó un documento que refleja la preocupación de productores y empresarios por regulaciones que afectan el uso de suelo, los permisos de planes forestales y los certificados de bonos de carbono para propietarios de bosques nativos.

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Desde la APICOFOM se alertó que algunas de estas medidas limitan la competitividad del sector y sobrecargan la actividad con burocracia excesiva. En particular, cuestionaron que el RePIA se limite exclusivamente a registrar a propietarios de bosques nativos, excluyendo a ocupantes ilegales o intrusos que desmontan sin sanciones en toda la cuenca del Alto Uruguay, lo que genera una clara desigualdad.

El presidente de APICOFOM y CEM advirtió que el registro es discrecional y arbitrario, ya que las multas impuestas por el Ministerio de Ecología suelen ser elevadas incluso por infracciones administrativas menores, y que el proceso para obtener permisos de uso de suelo es lento y complicado. Además, cuestionó la falta de claridad en el sistema y la libertad que tiene el área de contralor para incorporar a los infractores al registro digital.

Los empresarios del sector describieron esta medida como un obstáculo más que suma a las dificultades estructurales que atraviesan. Por eso exigieron fortalecer espacios efectivos de diálogo entre el Estado y el sector privado para lograr un equilibrio entre la protección ambiental y la actividad productiva.

  • Preocupa la demora y dificultad en la entrega de permisos de uso de suelo.
  • Se cuestiona la exclusión de ocupantes ilegales en el RePIA.
  • Solicitan revisar la prohibición del glifosato, considerada por el sector perjudicial.
  • Reclaman mayor transparencia y criterios claros para sanciones y registros.
  • Buscan promover inversiones y recuperar la competitividad del sector.

Este planteo refleja la tensión entre la necesidad de conservar el medio ambiente y la urgencia de dinamizar un sector clave para la economía regional, donde la producción forestal representa una fuente importante de empleo y desarrollo.