El Senado ratificó un proyecto que aumenta las penas por delitos cometidos contra trabajadores de la salud y de la educación en el ejercicio de sus funciones. La iniciativa amplía las sanciones para casos que involucran lesiones, amenazas, desacato y delitos contra el honor, entre otros.
Esta medida responde a la creciente violencia que enfrentan profesionales como médicos y docentes, quienes muchas veces reciben agresiones por representar el frente visible de sistemas públicos vulnerables.
Entre las modificaciones clave están:
- Las penas por lesiones corporales comunes pasarán de 3 meses o 1 año de prisión hasta ahora a un rango de 2 a 5 años.
- Para lesiones graves que causen aborto, deformidad permanente o muerte, la sanción se incrementará entre un tercio y dos tercios de la pena original.
- Los delitos contra el honor—calumnia, difamación e injuria—verán su pena aumentada en un tercio cuando la víctima sea un profesional de salud o educación.
- La coacción ilegal sufrirá una doble sanción si el afectado es un profesional sanitario.
- Las amenazas incrementarán su pena en un tercio en estos casos específicos.
- La incitación a delito será castigada con el doble de la pena cuando los agredidos sean estos profesionales.
- El desacato a funcionario público también duplicará la pena si afecta a quienes desempeñan funciones en salud o educación.
El texto original fue impulsado por el ex diputado federal Goulart y obtuvo un dictamen favorable en el Senado, gracias al apoyo del senador Hiran. Aunque ya contaba con la aprobación previa de Diputados, el proyecto sufrió modificaciones en el Senado y deberá volver a la Cámara baja para su revisión final.
La ley busca ofrecer protección legal más contundente a quienes suelen ser blanco de agresiones en espacios como hospitales o escuelas, reforzando el marco normativo para protegerlos durante su trabajo diario.