La reforma previsional que Argentina negocia con el Fondo Monetario Internacional introduce modificaciones significativas en el sistema de jubilaciones, afectando especialmente a quienes acceden a la pensión sin haber realizado aportes regulares. La propuesta distingue entre jubilaciones con aportes y aquellas obtenidas mediante moratorias o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), estableciendo criterios diferenciados para cada caso.
Una de las principales novedades es la aplicación del Registro de Indicadores Laborales (RIPTE) como referencia para fijar el haber mínimo. Actualmente, el RIPTE ronda los $367.000, pero el proyecto plantea que la prestación para quienes hayan contribuido más años al sistema sea proporcionalmente mayor. Por ejemplo, un jubilado con cerca de 45 años de aportes podría percibir aproximadamente el 65% del RIPTE, lo que equivaldría a alrededor de $1,2 millones, aunque esta cifra aún no cubriría el costo real de la canasta básica para jubilados, que supera el millón ochocientos.
En cuanto a la movilidad de los ingresos, la reforma contempla mantener aumentos mensuales que alivien la situación de los beneficiarios, si bien el bono vigente de $70.000 no se actualizó con la inflación. En términos reales, este bono debería oscilar entre $210.000 y $215.000 para conservar su poder adquisitivo. Además, el gobierno busca unificar los ingresos para más de cinco millones de personas que hoy reciben la jubilación mínima o la PUAM, estableciendo un ingreso equivalente al 20% del RIPTE como base para futuras actualizaciones.
Otro aspecto clave que genera debate es el aumento gradual de la edad jubilatoria, un cambio en línea con las discusiones que se desarrollan a nivel global. Este incremento progresivo está contemplado dentro de la reforma, aunque aún no se han definido plazos ni modalidades específicas para su implementación.