El pedido de desafuero del diputado Javier Galán fue impulsado por un juez tras recopilar pruebas que, según la querella, justifican abrir una investigación penal sin las limitaciones que imponen los fueros legislativos. La causa se originó por la denuncia de Luna Avellaneda, exempleado que declaró como testigo y denunció haber sufrido amenazas.
La abogada representativa de la querella explicó que el expediente ya fue remitido a la Cámara de Diputados y esperan que se remitan también otros casos vinculados a su representación. Destacó que el juez consideró que existen elementos suficientes para avanzar y que la medida permitirá que Galán sea investigado bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano.
Entre las pruebas recopiladas aparecen testimonios, informes bancarios y diversas diligencias que respaldan las acusaciones, que incluyen amenazas agravadas con uso de armas, peculado y exacciones ilegales. La querellante aclaró que el pedido de desafuero no es una condena, sino una herramienta para facilitar la investigación penal.
Asimismo, manifestaron que hasta ahora la pesquisa se concentró en las víctimas y testigos, sin acciones directas sobre Galán debido a sus fueros. Consideraron que una renuncia voluntaria del legislador a sus privilegios hubiese permitido un tratamiento más equitativo del proceso. La defensa del diputado tiene la posibilidad de apelar, aunque las presentaciones previas fueron rechazadas por no ser oportunas según el estado procesal.
Para la querella, la denuncia por amenazas contra Luna Avellaneda tiene especial gravedad al tratarse de un testigo que debía declarar ante la Justicia, y afirmar que las evidencias reunidas sustentan el pedido de desafuero formulado por el juez.