En el marco de la preparación electoral para 2027, la Casa Rosada no solo negocia candidaturas, sino que pretende asegurar espacios clave en las estructuras de poder provinciales a cambio del respaldo político de gobernadores aliados. Entre las solicitudes figuran la postulación a vicegobernador, la intendencia de las capitales provinciales y la integración cercana a la mitad de los gabinetes locales.
Estas exigencias forman parte de una estrategia para consolidar el apoyo territorial y garantizar influencia política más allá del simple reparto de listas. Además, la Casa Rosada busca mantener posiciones destacadas en las listas al Senado nacional, aunque muestra mayor flexibilidad en las nóminas para diputados, en línea con un esquema de colectoras que promueve el Ejecutivo. Este mecanismo permitiría que los candidatos legislativos de gobernadores que no presenten postulantes presidenciales puedan acompañar la boleta de Javier Milei.
La coordinación de estos acuerdos está bajo el control de Karina Milei, quien supervisa las negociaciones a través de Eduardo "Lule" Menem, su interlocutor principal con mandatarios y dirigentes provinciales. Los proyectos varían según la provincia, reflejando el mapa político diverso que enfrenta el oficialismo. Por ejemplo, en Tierra del Fuego y Santa Cruz no existen acuerdos consolidados con los gobernadores locales, mientras que en Chubut las conversaciones avanzan con posibilidades concretas, pese a tensiones previas.
Además, la negociación incluye un componente económico fundamental. El Gobierno analiza la distribución de recursos nacionales mediante adelantos financieros, asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y convenios de obras públicas y asistencia financiera a provincias. Durante este año ya se reactivaron transferencias y anticipos para varias provincias, reforzando la importancia de estos fondos dentro del entramado político-electoral.