Cristina Fernández de Kirchner elevó un recurso ante la Corte Suprema con el fin de bloquear la ejecución del decomiso judicial que pesa sobre su patrimonio en la causa conocida como Vialidad. Esta acción se produjo poco después de que el máximo tribunal ratificara el pago al Estado de una suma cercana a los 685.000 millones de pesos, establecida por el perjuicio ocasionado en la administración pública.
El monto impuesto corresponde a la actualización del valor original, que ascendía a más de 84.000 millones de pesos, tomando como referencia el índice de precios al consumidor entre finales de 2022 y mediados de 2025. Este cálculo incluye los daños derivados de irregularidades en obras públicas adjudicadas en Santa Cruz, que originaron la condena por administración fraudulenta.
La defensa de la expresidenta, liderada por Carlos Beraldi, argumentó en el recurso que los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, no deben ser alcanzados por la medida, ya que no hay pruebas que los vinculen con las ganancias ilícitas. Este planteo busca evitar que la ejecución sobre el patrimonio familiar avance y comprometa esos activos.
Entre las propiedades que podrían ser embargadas se encuentran un departamento donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, diversas viviendas en Río Gallegos y El Calafate, hoteles familiares y casi cinco millones de dólares en efectivo alojados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner. Esta situación también involucra al empresario Lázaro Báez, quien realiza presentaciones similares para evitar que sus bienes sean rematados o transferidos.
Fuentes judiciales indicaron que los recursos presentados por Cristina Kirchner y Báez no detienen automáticamente la ejecución del embargo, por lo que se podría avanzar con la medida mientras los tribunales estudian las apelaciones. Otros condenados en esta causa también realizaron reclamos similares, en un proceso que continúa sensible y en plena discusión legal.