La Armada Argentina confirmó la baja de los cinco aviones Super Étendard Modernisé adquiridos durante la anterior gestión de gobierno, cerrando una compra que resultó inútil debido a problemas técnicos y restricciones para obtener repuestos. Estas aeronaves, que llegaron al país años atrás, nunca operaron y consumieron más de 13 millones de euros sin retorno operativo.
La compra fue cuestionada desde sus inicios por informes técnicos internos y auditorías oficiales. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que el Ministerio de Defensa avanzó pese a las advertencias de la propia Armada, que alertó sobre la obsolescencia de los Super Étendard, ya dados de baja en la Marina francesa. Además, el equipamiento requería repuestos que no estaban disponibles, especialmente los asientos eyectables, esenciales para la operatividad segura de las aeronaves.
Un factor crítico que impidió la puesta en servicio fue la imposibilidad de adquirir componentes de origen británico, afectados por un embargo militar impuesto desde 1982. Esta limitación bloqueó la importación de piezas claves, situación que la SIGEN señaló como una de las grandes falencias del proceso de compra. Posteriormente, durante la administración siguiente, se pidieron gestiones a Francia para conseguir repuestos, pero el Ministerio de Defensa francés descartó cualquier reparación que habilitara el vuelo de los aviones.
El destino de estos aviones contrasta con el despliegue militar británico en las Islas Malvinas, que mantiene una avanzada defensa aérea con tecnología de última generación. Actualmente, en el archipiélago permanecen cazas Eurofighter Typhoon en alerta permanente, apoyados por sistemas antiaéreos sofisticados como el Sky Sabre, además de un contingente de soldados de infantería ligera. Esta diferencia refleja un desequilibrio marcado en capacidad operativa entre ambos países en la región.
