El Gobierno nacional eliminó la prohibición vigente sobre los vapeadores y estableció un régimen regulatorio que contempla controles estrictos para su comercialización y fiscalización. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de una resolución del Ministerio de Salud, busca aplicar estándares mínimos de calidad y seguridad sanitaria para estos productos.
Este cambio responde al aumento del consumo de vapeadores entre adolescentes, que representa una de las sustancias más usadas en ese segmento etario. Por eso, el nuevo esquema se asemeja a modelos adoptados en países como Estados Unidos y el Reino Unido e incluye la creación de un Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina. Este registro permitirá clasificar los dispositivos, monitorear su consumo y ajustar las normativas de acuerdo con la evidencia.
Entre las novedades clave, la regulación considera a los vapeadores, dispositivos de tabaco calentado, líquidos para vaporización y bolsas de nicotina como productos elaborados con tabaco, por lo que deben cumplir con las disposiciones de la Ley 26.687. Además, se establecen restricciones para proteger a los menores, incluyendo:
- Prohibición de cigarrillos electrónicos descartables, por su alto atractivo para la iniciación juvenil.
- Limitación de sabores permitidos solo a variantes con sabor tabaco y, para las bolsas de nicotina, mentol.
- Obligatoriedad de incluir advertencias sanitarias en los envases y prohibición de diseños llamativos para menores.
- Restricción en los mensajes publicitarios para reducir estímulos dirigidos a jóvenes.
Por otro lado, fabricantes e importadores estarán obligados a inscribir cada producto en el registro, entregar información detallada sobre composición, realizar estudios toxicológicos y presentar certificaciones de laboratorio. También deberán proporcionar datos de ventas y perfiles de consumidores, lo que permitirá un control más efectivo y la prevención del acceso de menores a estos productos.
Desde el Gobierno resaltaron que esta nueva regulación busca reforzar la capacidad estatal para fiscalizar, mitigar riesgos de salud pública asociados al consumo y combatir la comercialización ilegal de productos sin control sanitario, dejando atrás el modelo prohibitivo que no logró frenar la expansión del vapeo.
