La investigación que comenzó con el robo de equipos tecnológicos en un depósito de San Fernando derivó en el descubrimiento de un entramado de corrupción dentro de la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT. La pesquisa judicial destapó maniobras ilegales que involucran a exfuncionarios, contratos amañados y una notable cantidad de dinero en efectivo junto con drogas.
El caso estalló en enero de 2024 cuando se detectó el saqueo de 15 containers con material sensible perteneciente a la Red Federal de Fibra Óptica. Se constató que las cámaras de seguridad del depósito no funcionaban y que el cerco eléctrico estaba cortado, lo que facilitó el robo. A partir de allí, la Justicia Federal de San Isidro, con la intervención del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, amplió la investigación hacia la relación entre ARSAT y la empresa Argentina Logistic Services (ALS), encargada del cuidado de los bienes en el predio.
Entre los detenidos destaca Facundo Leal, expresidente de ARSAT entre 2022 y 2024 y luego jefe del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Fue arrestado en su departamento de Palermo, donde se incautaron cerca de 650.000 dólares en efectivo, además de pesos y moneda extranjera, junto con dosis de ketamina, MDMA y cocaína. En su domicilio en Mendoza se encontraron otros 1,7 millones de dólares empaquetados en fajos termo sellados.
Otro involucrado es Gerardo Boschin, exsubgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT, quien facilitó el ingreso de la empresa logística ALS a la red de contrataciones irregulares. Según la causa, Boschin filtró información confidencial y firmó órdenes directas de compra por más de 1,9 millones de dólares entre 2021 y 2024. Además, aprobó servicios por más de 40 millones de pesos para depósito y uso de grúas.
La Justicia también investiga a Juan Andrés Navarro, gerente comercial de ARSAT y parte del grupo interno denominado “la banda de los mendocinos”, que habría organizado estas maniobras. Navarro firmó un memorándum que permitió trasladar mercancías a los galpones de ALS mediante contratos directos. Otros funcionarios en la mira son Pablo Gastón Pagani, cuñado de Leal y exsubgerente de Finanzas, y Juan Antonio Álvarez, involucrados en la extensión irregular del contrato con la empresa privada sin autorización del Directorio.