El Poder Judicial de Bolivia incrementó la presión sobre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa al exigir un aumento presupuestario y reformas para mejorar su funcionamiento. Su presidente, Romer Saucedo, anunció la convocatoria a un paro progresivo, que podría convertirse en indefinido, si no se atienden sus demandas en el plazo de 20 días.
La principal exigencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es un incremento del presupuesto para la justicia, que actualmente representa menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado, cifra muy inferior al promedio regional del 3,8%. Saucedo detalló que se requieren cerca de mil millones de dólares anuales para implementar un plan de modernización que incluye la creación de nuevos juzgados y la digitalización de procesos para agilizar la administración judicial y reducir la corrupción.
Además, los jueces reclaman autonomía financiera que les permita administrar directamente los recursos sin depender de la autorización del Ministerio de Economía. En ese sentido, buscan modificaciones legales para consolidar esta independencia y mejorar la gestión interna.
Otra demanda importante es la implementación de un seguro de vida y medidas de protección para los magistrados, luego del asesinato de Víctor Hugo Claure, juez del Tribunal Agroambiental, quien fue atacado tras resolver un caso sobre conflictos de tierras. Este hecho evidenció los riesgos que enfrentan los funcionarios judiciales por sus decisiones en casos sensibles.
El Poder Judicial también presentó seis proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa que aún no fueron tratados. Estos proyectos contemplan aspectos como el aumento presupuestario, la autonomía de la justicia, la modernización tecnológica, la gestión de los depósitos judiciales, la administración de juicios contra altas autoridades y reformas en el régimen disciplinario, así como regulaciones sobre remates de bienes ordenados por autoridades jurisdiccionales.
Romer Saucedo aseguró que inicialmente buscarán diálogo para resolver estas problemáticas, pero advirtió que, en caso contrario, iniciarán medidas de fuerza que comenzarán con un paro de 24 horas y podrán extenderse hasta un paro indefinido, lo que podría profundizar la crisis institucional en Bolivia.