La pesca industrial en el Atlántico Sur atraviesa una crisis profunda debido a la creciente actividad depredadora de flotas extranjeras que operan, en muchos casos de forma ilegal, en aguas bajo soberanía argentina. Buques provenientes de China, España, Corea, Taiwán y Portugal han sido detectados extrayendo recursos en el Mar Argentino, donde las capturas superan ampliamente a las realizadas por la industria nacional.
Un estudio basado en registros de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera reveló que la extracción de especies como el calamar aumentó de manera exponencial, multiplicándose por diez en los últimos años. La flota china destaca por su crecimiento acelerado, con un incremento cercano al 85% entre 2019 y 2024, capturando entre 1,5 y 3 millones de toneladas anuales, frente a las 750.000 y 900.000 toneladas que extrae la pesca argentina.
España mantiene un rol activo en la pesca del Atlántico Sur, operando con al menos 25 barcos en la región y utilizando licencias otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas. Este control incluye la explotación del calamar Loligo gahi, donde las flotas españolas monopolizan la mayoría de las 16 licencias autorizadas para esa zona. La presencia de estas embarcaciones contribuye a la sobreexplotación que pone en riesgo la sustentabilidad ambiental y económica del ecosistema marítimo.
Las autoridades marítimas argentinas, junto con organismos internacionales, advierten sobre el impacto económico y social de esta depredación. La actividad extranjera extrae hasta cuatro veces más recursos que la flota nacional, afectando directamente a la industria pesquera local, los empleos vinculados y la conservación a largo plazo de las especies marinas.
- La extracción ilegal se registra tanto en aguas internacionales como en el Mar Argentino, zona bajo soberanía argentina.
- El calamar es una de las especies más afectadas, con aumentos significativos en la pesca industrial extranjera.
- Flotas europeas y asiáticas incrementaron sustancialmente su presencia en los últimos años.
- La sobreexplotación genera consecuencias ambientales y económicas que comprometen la recuperación del ecosistema.
La situación demanda medidas urgentes para regular y controlar la actividad pesquera en la región, con el fin de proteger los recursos naturales y evitar daños irreversibles a la biodiversidad marítima del Atlántico Sur.