El Gobierno oficializó la reglamentación de la reforma laboral aprobada el año pasado, estableciendo normas concretas para la relación entre empleadores, trabajadores y sindicatos. La administración centralizó la registración laboral en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), eliminando la obligación de llevar libros laborales físicos o digitales. Ahora, el alta y baja de los empleados en ARCA será suficiente como comprobante de la relación laboral.
Uno de los aspectos más relevantes es la modificación en los recibos de sueldo, que deberán mostrar un desglose detallado del costo total que representa cada empleado para la empresa. Esta información incluirá aportes sindicales, contribuciones previsionales, obra social, ART y otros conceptos obligatorios. El objetivo es transparentar tanto el ingreso neto que recibe el trabajador como los gastos que asume la empresa.
En materia de licencias médicas, se impuso la obligatoriedad de certificados digitales, los cuales deberán ser emitidos a través de plataformas electrónicas oficiales y firmados por profesionales autorizados. Solo en casos excepcionales, como dificultades técnicas o de conectividad comprobadas, se aceptarán certificados en papel. Además, ante discrepancias entre el diagnóstico médico del trabajador y el control realizado por la empresa, se habilitarán juntas médicas oficiales o informes de instituciones especializadas para resolver las diferencias.
El decreto también introduce cambios en la organización sindical. Los cuerpos directivos deberán reflejar una proporción adecuada de afiliados cotizantes, y la autoridad laboral podrá verificar esta información mediante cruces con registros oficiales. Asimismo, se establecen nuevas condiciones para el reconocimiento de las personerías gremiales, buscando mayor control sobre la representación sindical y la transparencia en sus estructuras.
Por último, la reglamentación regula el funcionamiento de las empresas de servicios eventuales, estableciendo pautas claras sobre su operatividad y vínculo con los trabajadores contratados bajo esta modalidad, con el fin de ordenar el mercado laboral y garantizar derechos.