Un marcado desgaste afecta a gran parte de la red vial nacional, donde aproximadamente el 75% de las rutas se encuentra en condiciones regulares o malas, según la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional. El deterioro incluye baches extensos y daños estructurales que comprometen la seguridad y la circulación. Estas rutas forman corredores estratégicos para el transporte de cargas y la conectividad regional, lo que agrava el impacto negativo en la economía y el transporte.
Desde el gremio aseguraron que la falta de mantenimiento no corresponde a una situación pasajera, sino a una decisión política que busca reducir la intervención estatal en la obra pública vial. El desgaste de los pavimentos se acelera sin conservación, lo que multiplica los costos futuros, ya que cada año sin mantenimiento equivale a perder cinco años de vida útil de la ruta, explicó el secretario general de la Federación.
Reparar caminos muy dañados puede costar entre cinco y siete veces más que mantenerlos periódicamente, indicaron fuentes oficiales. En paralelo, el gobierno nacional promulgó el decreto 253, que facilita la concesión de nuevas rutas a operadores privados mediante peajes u otros mecanismos. Esta medida incluye la transferencia de ciertas rutas nacionales a provincias como Córdoba, Mendoza y Santa Fe, que podrán licitar las obras bajo modelo concesionado.
Actualmente, la Red Federal de Concesiones busca ampliar el kilometraje concesionado de 6.500 a 9.000 kilómetros. Sin embargo, el sindicato denuncia que en algunos corredores concesionados, como las Rutas Nacionales 14, 12 y 5, y el puente Rosario-Victoria, se cobran peajes sin que se hayan realizado mejoras visibles en la infraestructura. Este modelo privatizador genera controversias porque transfiere los costos a los usuarios y reduce la responsabilidad estatal sobre el mantenimiento vial.
El agravamiento de la infraestructura vial no solo incrementa los riesgos de accidentes, sino que también afecta directamente al transporte de pasajeros y al flujo logístico, con consecuencias negativas para la producción y el comercio. La situación exige un análisis profundo sobre el balance entre el financiamiento privado y la obligación estatal de garantizar rutas seguras y transitables.