La Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta una profunda crisis financiera que afecta directamente a su comunidad académica. El recorte presupuestario desde la llegada del gobierno de Javier Milei alcanzó un descenso del 45,60%, reduciendo los fondos hasta niveles mínimos en la historia democrática argentina.
Este ajuste significativo ha provocado que el presupuesto universitario pase de representar el 0,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023 a apenas el 0,47% en la actualidad. Dicha caída repercute en la capacidad de la universidad para cubrir gastos básicos, mejorar salarios y sostener la calidad educativa.
El impacto más visible se refleja en la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y no docentes, que supera el 35%, implicando que para mantener el nivel salarial de finales de 2023 debería aplicarse un aumento superior al 50% sobre los salarios actuales. En concreto, un profesor titular con dedicación exclusiva percibe un ingreso cercano a 1.582.283 pesos, poco más elevado que la canasta básica familiar, que ronda los 1.434.464 pesos para una familia tipo.
La precarización salarial ha sido uno de los factores principales detrás de un éxodo masivo de profesores e investigadores altamente calificados. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos en universidades nacionales desde el inicio de esta administración. En la UBA, algunas facultades sufrieron bajas relevantes: Ciencias Exactas y Naturales perdió 438 docentes entre fines de 2023 y 2026, Ingeniería registró más de 340 renuncias, y Agronomía superó las 100 bajas en el mismo período.
Esta fuga no solo afecta la docencia sino también la investigación y la formación de recursos humanos especializados, ya que muchos de los docentes con doctorados y postdoctorados optan por emigrar a universidades extranjeras.
Además de la crisis salarial, las autoridades universitarias enfrentan cuestionamientos respecto a la transparencia en el manejo presupuestario. Contrario a versiones que acusan opacidad, las universidades deben rendir cuentas ante el Congreso nacional a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), asegurando controles sobre los gastos públicos.
Otro fenómeno asociado a esta crisis es la informalidad laboral entre docentes, quienes, para complementar sus ingresos, recurren a trabajos fuera del ámbito universitario, incluyendo plataformas digitales y aplicaciones de servicios, aunque no existen datos oficiales sobre esta práctica.