La Justicia recibió un pedido para detener a Manuel Adorni, jefe de Gabinete, acusado de intentar influir en un testigo clave de una investigación que analiza su patrimonio. La solicitud fue impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien aseguró que el funcionario intentó modificar declaraciones con presiones y ofrecimientos.
Según la presentación ante el juez federal Ariel Lijo, el caso gira en torno al contacto del funcionario con el contratista Matías Tabar, la persona convocada para prestar testimonio. Se sostiene que se le sugirió borrar mensajes y se le ofreció asistencia desde el entorno de Adorni para alterar su versión, lo que implicaría un riesgo procesal concreto al entorpecer el avance judicial.
El pedido de detención no se basa en un supuesto riesgo de fuga, sino en la presunción de que Adorni podría obstaculizar la causa, fundamentándose en la doctrina Irurzun, un criterio legal que autoriza la detención preventiva cuando existe sospecha de interferencia en investigaciones. Este expediente investiga sospechas de irregularidades relacionadas con pagos en efectivo por trabajos de refacción en una propiedad, sumándose a otras investigaciones en curso sobre el funcionario.
Junto con la solicitud de arresto, la diputada pidió medidas cautelares como la prohibición de contacto con testigos, la retención del pasaporte y la conservación de las comunicaciones vinculadas al proceso judicial, en un contexto de creciente tensión política y cuestionamientos sobre el patrimonio y la gestión de Adorni.
