La Justicia federal prohibió la salida del país a Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, ante un peligro considerado inminente de fuga hacia Uruguay. La medida fue dictada por el juez federal Ariel Lijo tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.
Esta resolución implica que Adorni deberá solicitar autorización judicial para cualquier viaje al exterior. Fuentes del expediente indicaron que esta restricción es un paso previo a la citación para indagatoria, que podría realizarse en breve en los tribunales de Comodoro Py debido a las inconsistencias detectadas en la causa.
La investigación se centra en un análisis detallado del patrimonio de Adorni y su evolución durante su período en la función pública. Se examinan gastos corrientes, algunos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias, además de los repetidos viajes nacionales e internacionales, adquisiciones inmobiliarias y trabajos de refacción en una propiedad ubicada en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Un punto clave para el avance del expediente fue la declaración del constructor Matías Tabar, responsable de las reformas en la vivienda del exfuncionario. Tabar declaró ante la Justicia haber recibido un pago en efectivo por un monto de 245 mil dólares. Días después, se difundieron audios en los que Adorni intenta tranquilizar a Tabar y coordina un encuentro antes de la declaración ante el fiscal Pollicita, lo que podría configurar un intento de influir en el testimonio.
En estos audios, Adorni le asegura a su contratista apoyo total y tranquilidad frente a la citación judicial, evidenciando un vínculo directo poco después de renunciar a su cargo. Este material sonoro amplió la investigación y reforzó las sospechas sobre posibles maniobras vinculadas al enriquecimiento ilegal y la obstrucción del proceso judicial.