La jueza de Garantía N° 4 de San Luis, Luciana Banó, decidió prolongar por dos meses más las medidas de coerción vigentes contra cinco imputados en una investigación judicial. Entre ellos se encuentran exfuncionarios provinciales, un diputado nacional y exintendentes de la provincia.
Esta prórroga responde al avance del expediente hacia la etapa intermedia y eventual juicio oral, según explicó la magistrada. Además, recordó que los riesgos procesales tienden a aumentar conforme avanza el proceso, por lo que mantener las restricciones resulta necesario para preservar el correcto desarrollo de la causa.
Entre las medidas renovadas, se mantuvo la obligación para todos los imputados de firmar el libro de registro ante la Fiscalía de Instrucción Nº 6 entre los días 1 y 10 de cada mes. También continúa la prohibición de abandonar la provincia, con excepción para dos de los acusados. Asimismo, se extendió la inhibición general de bienes para la mayoría, mientras que uno de ellos cuenta con un embargo preventivo que reemplaza esta medida.
La extensión de la inhibición busca proteger el patrimonio de los imputados y evitar riesgos de insolvencia que puedan afectar posibles responsabilidades económicas relacionadas con la causa.
Durante la audiencia, la fiscal Linda Maluf respaldó la solicitud de prórroga, argumentando que las medidas son imprescindibles para asegurar los fines del proceso. Destacó que la causa ya se encuentra en la etapa intermedia y que uno de los imputados tiene antecedentes penales por delitos dolosos, lo que podría implicar una reincidencia.
En representación de la Fiscalía de Estado, Juan Ignacio Trusendi apoyó el pedido y ratificó la denuncia que originó la investigación.
En contraste, los abogados defensores objetaron la continuidad de las medidas. El representante de Ernesto Alí calificó las restricciones como un «hostigamiento» y sostuvo que su defendido ha cumplido con todas las obligaciones judiciales, además de denunciar que afectan su actividad institucional como diputado nacional.
Por su parte, las defensas de Claudio Latini y Jeremías Vivas cuestionaron tanto la prórroga como la inhibición de bienes, alegando que son desproporcionadas y carecen de fundamentos sólidos.
La audiencia contó con la presencia de los imputados Luciano Anastasi y Mario Canali, y de la defensora oficial que representa a Canali.