El Tribunal Supremo convocó una audiencia para examinar la solicitud de suspensión cautelar del real decreto que establece una regularización extraordinaria de migrantes en el país. Esta vista se realizará el 13 de mayo, y en ella se expondrán los argumentos de ambas partes: el Gobierno y la asociación Hazte Oír, que presentó el recurso.
La asociación buscó impedir la aplicación inmediata del decreto, alegando que este excede las competencias legales y modifica de manera sustancial la política migratoria estatal. Según el recurso, la normativa tiene un impacto profundo y duradero en aspectos clave de la vida pública, como la defensa de los valores constitucionales, los principios democráticos y la protección de la familia.
El recurso señala que el decreto produce efectos jurídicos directos, tales como la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo para migrantes, la inscripción en la Seguridad Social, el acceso a prestaciones sociales y la paralización de órdenes firmes de expulsión. Por su parte, el Gobierno estará representado por la Abogacía del Estado para defender la validez y necesidad del decreto durante la vista ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo.