La investigación contra Leandro Airaldi, acusado de planear atentados contra el ministro de Seguridad de Entre Ríos y dos funcionarios judiciales, sigue avanzando tras el rechazo judicial a las nulidades presentadas por su defensa. La Cámara Federal de Paraná reafirmó la validez de las medidas tomadas por el Ministerio Público Fiscal, despejando obstáculos procesales y permitiendo que la causa continúe su trámite normal.
El origen de la investigación data de una declaración de un narcotraficante que reveló la intención de Airaldi de atentar contra el juez federal Leandro Ríos, el fiscal federal José Candioti y el ministro Néstor Roncaglia. Dos compañeros de pabellón de Airaldi en la cárcel de Gualeguaychú, entre ellos su rival en el narcotráfico, aportaron información clave para descubrir el complot. Para desarticular el plan, el fiscal federal Pedro Rebollo ordenó allanamientos y la incautación de varios teléfonos celulares que están siendo peritados para obtener pruebas determinantes.
Entre las evidencias en análisis, destaca un teléfono Samsung A04 cuya vinculación con Airaldi fue cuestionada por la defensa al señalar supuestas irregularidades en su secuestro durante un operativo en el penal. Sin embargo, estos planteos no prosperaron en las instancias judiciales, y la Justicia ratificó la legalidad de las medidas. Además de los celulares, revisarían anotaciones, cámaras de seguridad y otros dispositivos electrónicos para esclarecer el caso y determinar el encuadre penal de los hechos.
La defensa de Airaldi, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, presentó numerosas objeciones apuntando a supuestas vulneraciones del debido proceso y al derecho a la defensa, sin lograr éxito. Barbitta es una figura reconocida por haber representado a personajes de alto perfil en casos vinculados al narcotráfico y delitos de lesa humanidad, así como a miembros destacados de organizaciones criminales y funcionarios judiciales condenados.
El avance de esta causa mantiene estricta reserva, pero la expectativa crece ante posibles novedades que podrían afectar este expediente y otros vinculados. La trama judicial complexa refleja la lucha contra el narcotráfico en la región y la atención que genera en los tribunales la protección de funcionarios públicos amenazados por estas organizaciones.