El Gobierno proyecta una estrategia constante para ampliar su influencia dentro del Poder Judicial, reforzando el control a través de nombramientos, concursos y renovaciones de cargos en tribunales clave. Esta aproximación apunta a fortalecer su capacidad para intervenir en causas judiciales sensibles y polémicas.
Un punto destacado es la renovación del mandato del camarista Carlos Mahiques, quien, tras haber sido designado originalmente sin concurso durante la gestión de Mauricio Macri, obtuvo un nuevo acuerdo para continuar cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Su continuidad genera cuestionamientos por vínculos familiares, al ser padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, lo que alimenta críticas sobre la política de designaciones a dedo.
Otro juez que extendió su mandato es Víctor Pesino, camarista laboral cercano al ámbito oficialista, cuya sala avaló la continuidad de la reforma laboral. En paralelo, la situación de Martín Irurzun, camarista de la Cámara Federal, cobra relevancia. Su mandato termina en breve y, al no contar con el respaldo oficial para su renovación, dejará vacante un puesto en un tribunal fundamental para las causas contra funcionarios nacionales. Esta decisión estaría vinculada a una disputa judicial relacionada con empresarios alineados al oficialismo.
En la misma cámara, la Corte Suprema objetó la permanencia de magistrados designados durante el gobierno anterior, entre ellos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes accedieron a sus cargos por traslado. El Consejo de la Magistratura desarrolla nuevos concursos para cubrir esas vacantes, y el Gobierno impulsa como favorito a Pablo Yadarola, mientras Bertuzzi también mantiene aspiraciones para continuar en la magistratura.
Finalmente, el juez federal Ariel Lijo retiene un rol destacado al concentrar causas sensibles para el oficialismo, lo que pone en relieve su influencia dentro del entramado judicial actual y la importancia estratégica que significa para las decisiones de la gestión.