Tras la finalización de la etapa de instrucción, la causa que investiga la usurpación y apropiación de departamentos en la Torre de los Periodistas fue elevada a juicio público en Neuquén. El proceso judicial se centrará en la expropiación de 23 departamentos que pertenecían a una cooperativa de trabajadores de prensa y que fueron apropiados como consecuencia de la intervención militar a partir del golpe de Estado de marzo de 1976.
Dos exmiembros de la inteligencia del Ejército, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, serán juzgados por robo y defraudación, en un marco donde también se acreditó la participación de otras fuerzas de seguridad como la Marina, la Gendarmería y la Policía Federal. Esta causa es la primera en la región que juzga delitos asociados a la apropiación fraudulenta de bienes en el contexto de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Los departamentos fueron retirados a 21 titulares legítimos mediante maniobras fraudulentas, al tiempo que algunos de ellos fueron declarados perseguidos políticos. El edificio, ubicado en Neuquén capital y considerado el primer rascacielos de la ciudad, se encontraba en etapas finales de construcción cuando el Ejército allanó ilegalmente la cooperativa el 24 de marzo de 1976, dificultando la entrega prevista para junio de ese año. Algunos asociados fueron alojados en casas utilizadas clandestinamente para depósito de armamentos o por grupos de tareas vinculados a la represión.
Este caso se suma a una serie de procesos judiciales en la provincia en los que se condenaron a responsables de crímenes de lesa humanidad vinculados a secuestros, torturas, violaciones y homicidios cometidos después del golpe cívico militar. En 2024, se obtuvieron condenas contra funcionarios judiciales considerados partícipes civiles en los operativos de desaparición y persecución sistemática durante la dictadura.
Entre las irregularidades descubiertas, el Banco Hipotecario Nacional también tuvo participación en las maniobras ilegales que privaron a los legítimos adjudicatarios de la posesión de sus departamentos, a pesar de haber cumplido con los pagos correspondientes. Algunos afectados debieron exiliarse, como el presidente de la cooperativa en ese entonces, quien se refugió en Francia ante la persecución en el país.