La actualización del régimen de subsidios al gas por Zona Fría propone concentrar la asistencia únicamente en hogares ubicados en territorios con temperaturas extremas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Esta medida revierte la expansión realizada en 2021, que había extendido el beneficio a más localidades, incluyendo a usuarios con mayores ingresos y áreas con condiciones climáticas menos severas.
Según informó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, el programa Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) mantendrá la ayuda para aproximadamente 1,8 millones de usuarios, quienes recibirán subsidios aplicables exclusivamente a su consumo medido en metros cúbicos de gas natural, dejando fuera el cargo fijo. Asimismo, se incorporarán subsidios para la adquisición de cilindros, garrafas y gas propano a granel en las zonas priorizadas.
Esta modificación tiene un impacto presupuestario relevante, ya que el Gobierno apunta a un ahorro fiscal anual que oscilaría entre $200.000 millones y $460.000 millones. La intención es optimizar el uso de recursos públicos mediante una segmentación que responda tanto a criterios geográficos como socioeconómicos, favoreciendo a quienes realmente enfrentan climas extremos y limitando el subsidio a grupos de ingresos bajos o medios.
Además de ajustar el régimen de subsidios al gas, el proyecto incluye otras disposiciones para el sector energético: se prevé un mecanismo para condonar las deudas de ciertas distribuidoras eléctricas con CAMMESA, condicionando esta condonación a que renuncien a reclamos judiciales contra el Estado. También se extiende la exención impositiva para energías renovables hasta 2045, mientras que se elimina el régimen especial para inversiones en hidrocarburos, buscando reducir la intervención estatal en el sector.
Estas reformas reflejan un cambio en la política energética orientado a la sostenibilidad financiera y a incentivar un uso más racional y equitativo de los subsidios. Al limitar los beneficios a las zonas con mayores necesidades climáticas, el Gobierno pretende aumentar la efectividad del gasto público y garantizar la protección social para los sectores más vulnerables.