Durante los primeros seis meses de 2026, en Argentina ocurrió un femicidio cada 42 horas, según un informe parcial presentado por la Defensoría del Pueblo de la Nación. El relevamiento identificó un total de 103 víctimas fatales vinculadas a distintas formas de violencia extrema de género.
De ese total, 82 casos correspondieron a femicidios directos, siete fueron femicidios vinculados y cinco a transfemicidios. Además, se reportaron cinco crímenes relacionados con contextos de narcotráfico y otros cinco suicidios feminicidas derivados de abusos sistemáticos. Estas cifras reflejan la persistencia de un problema estructural en la seguridad y protección de las mujeres.
El informe confirma un patrón que se mantiene en el tiempo: la mayoría de los ataques ocurren en el círculo cercano de la víctima, principalmente parejas o exparejas, y con frecuencia dentro del domicilio compartido o residencia de la mujer. Las formas más comunes de agresión fueron el apuñalamiento y el uso de armas de fuego, consolidando el peligro que representa el entorno íntimo para las mujeres.
Este fenómeno tiene también un impacto directo sobre la infancia. En estos seis meses, 79 niños y niñas quedaron sin madre por femicidio, mientras que dos de las víctimas fatales estaban embarazadas al momento del asesinato. La Defensoría del Pueblo alertó sobre las múltiples dificultades para que las familias accedan oportunamente a la reparación económica prevista por la ley N.º 27.452, lo que deja a muchos menores en situación de vulnerabilidad.
Desde el punto de vista territorial, la provincia de Buenos Aires reportó el mayor número de casos con 29 femicidios, aunque esta cifra representa una baja sustancial respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, al considerar las tasas poblacionales femeninas, la provincia con la tasa más alta fue Santiago del Estero, seguida por Entre Ríos y Santa Fe, evidenciando variaciones relevantes según la región.
En cuanto a los agresores, se identificaron 105 atacantes, la mayoría entre 31 y 50 años. Entre ellos, se registraron casos de femicidas que pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad, lo que añade complejidad al acceso a la justicia y al combate de estos delitos.