El gobierno dejó de financiar los pasajes gratuitos en micros de larga distancia para personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer, trasladando esa responsabilidad económica a las propias empresas de transporte. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que deroga el esquema previo de compensaciones estatales destinado a cubrir parte de esos pasajes bonificados.
Esta decisión se fundamentó en la reciente desregulación del transporte interjurisdiccional prevista por el Decreto 883/2024, que eliminó las bandas tarifarias impuestas y abrió la libertad para que las empresas fijen sus precios, horarios y recorridos. El Ejecutivo consideró que este nuevo marco regulatorio permite a los operadores «internalizar» dentro de sus costos la obligación legal de otorgar pasajes gratuitos.
Más allá del cambio en la financiación, la resolución aclara que los derechos de los usuarios a viajar sin cargo según las leyes vigentes para discapacidad, trasplantes y oncología infantil permanecen plenamente vigentes y exigibles frente a las empresas. La eliminación del subsidio solo afecta la relación financiera entre el Estado y las compañías, sin modificar las condiciones para los beneficiarios.
Para asegurar que las empresas continúen respetando la gratuidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantendrá los mecanismos de control y fiscalización sobre los concesionarios. La medida entró en vigencia inmediatamente tras su publicación y resguarda los pagos de compensaciones que ya se hayan devengado con anterioridad.