El Supremo Tribunal Federal (STF) bloqueó R$ 119 millones en bienes vinculados a Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), tras investigaciones que sugieren irregularidades en la asignación de enmiendas parlamentarias. La medida fue dictada por el ministro Flávio Dino en el marco de la llamada Operación Transparencia, que investiga desvíos en recursos públicos.
La causa se centra en presuntas indicaciones ilegítimas de modificaciones presupuestarias a nombre de Valdemar, que actualmente no ocupa mandato parlamentario. Según la investigación de la Policía Federal (PF), el exdiputado habría coordinado, desde fuera del Congreso, la redirección de fondos públicos mediante la intermediación de empleados de la Cámara de Diputados.
El material recopilado muestra que empleados del PL se comunicaron con funcionarios responsables del registro de las enmiendas para incluir recursos bajo el nombre de Valdemar Costa Neto. Uno de los casos destacados es un diálogo entre Garigham Amarante Pinto, interlocutor del exdiputado, y la funcionaria Mariângela Fialek, donde se confirma la formalización de modificaciones presupuestarias. En total, se detectaron 21 ajustes realizados entre 2024 y 2026, que suman el monto bloqueado, con enmiendas que van desde 11 millones hasta 24 millones de reales.
Los recursos afectados fueron dirigidos a varios municipios, entre ellos Porto Seguro (BA), Suzano (SP), Mogi das Cruzes (SP), Río de Janeiro, Caraguatatuba (SP) y Dom Eliseu (PA). La modificación más alta, de R$ 24 millones, estaba destinada a Porto Seguro.
En su resolución, el ministro Flávio Dino subrayó que Valdemar Costa Neto no posee ninguna facultad legal para efectuar indicaciones en el presupuesto público, señalando una «sorprendente preponderancia» atribuida a él por ciertos empleados de la Cámara de Diputados, que contrasta con la falta de título habilitante para administrar fondos públicos.
Este bloqueo tiene como finalidad garantizar la recuperación de los recursos en caso de que se confirme la comisión de irregularidades y una eventual condena judicial. La oficina de prensa del PL fue contactada pero no respondió al cierre de esta nota.