La administración de Cuba rechazó de manera contundente la acusación presentada por Estados Unidos en contra de Raúl Castro, a quien señalan por presuntos actos violentos vinculados al derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate. El anuncio fue hecho por el Departamento de Justicia norteamericano en un acto en Miami, donde se destacó que es la primera vez en casi siete décadas que un líder supremo cubano enfrenta cargos en suelo estadounidense por muertes de ciudadanos estadounidenses.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenó públicamente la acusación y la definió como una muestra de la soberbia y frustración del llamado “imperio”, destacando la unidad y fortaleza del liderazgo cubano. Además, afirmó que Washington manipula la verdad sobre el incidente aéreo y calificó a Hermanos al Rescate como una organización “narco-terrorista”.
En su defensa, Cuba sostuvo que las acciones tomadas para derribar las aeronaves respetaron el derecho internacional y no fueron imprudentes, contraponiéndose a lo que denomina “ejecuciones extrajudiciales” realizadas por Estados Unidos contra embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico. Según el gobierno cubano, estas acciones estadounidenses habrían provocado la muerte de alrededor de doscientas personas desde el año pasado.
El anuncio estadounidense se produjo coincidiendo con la conmemoración del nacimiento de la República de Cuba bajo tutela estadounidense, evento que marcó la retirada militar estadounidense pero dejó impuestas condiciones como la Enmienda Platt, que permitió la intervención norteamericana en la isla y la instalación de bases militares como Guantánamo, cuya presencia sigue siendo motivo de disputa hoy.
Además de la imputación contra Raúl Castro, el Departamento de Justicia incluyó en la acusación a los pilotos supuestamente involucrados en el derribo de los aviones. Esta medida, en la mirada de Cuba, representa una acción política más que judicial, orientada a desacreditar al liderazgo y a la Revolución cubana.
La respuesta oficial del gobierno cubano se acompañó de un extenso comunicado que reafirma la postura histórica sobre el incidente, reiterando que las medidas adoptadas en aquel momento fueron legítimas y justificadas ante el contexto político y militar en el que ocurrieron.