Cuando se recibe la denuncia por la desaparición de una persona, la Justicia activa de inmediato un protocolo de búsqueda para determinar su paradero y estado. No es necesario esperar un tiempo determinado para denunciar; en casos de ausencia del hogar, trabajo o lugar habitual, se debe informar a las autoridades sin dilación para iniciar la investigación.
Este proceso incluye la coordinación entre la fiscalía, fuerzas policiales y diversos organismos, que realizan distintas tareas para ubicar a la persona desaparecida. Por ejemplo, se solicita información a hospitales, a la morgue judicial, a migraciones y a la Comisión Nacional de Transporte para verificar si la persona realizó algún viaje recientemente. También se intenta localizar su teléfono celular y se contacta a testigos del entorno familiar y laboral. Además, participa la división especializada en búsqueda de personas para optimizar la investigación.
La denuncia puede tramitarse vía presencial, por plataformas web o simplemente a través de un llamado al 911, que ya desencadena la puesta en marcha del operativo. Este acceso múltiple facilita una rápida reacción ante cada caso.
En general, la mayoría de las averiguaciones por paradero se resuelven favorablemente: las personas aparecen sanas y suelen explicar que su ausencia tuvo motivos particulares, sin estar vinculada a hechos delictivos. Sin embargo, la intervención judicial es clave para descartar riesgos y garantizar la seguridad.
El representante del Ministerio Público Fiscal enfatizó que las primeras horas tras la denuncia son cruciales para el éxito de la búsqueda y recordó a la población la importancia de reportar cualquier desaparición cuanto antes para permitir una respuesta eficaz y oportuna.