Alemania destinará una inversión cercana a 10.000 millones de euros hasta 2029 para renovar y ampliar su sistema de defensa civil. El plan se centra en reforzar los refugios públicos, ampliar la capacidad médica para atender emergencias masivas y mejorar los mecanismos de alerta ante posibles ataques, sabotajes y desastres.
El programa, que será aprobado por el gabinete alemán, responde a un contexto de inseguridad creciente tras la invasión rusa a Ucrania. La iniciativa implica la adquisición de 110.000 camas portátiles, la incorporación de unos 1.000 vehículos especializados y la modernización de los refugios, muchos de los cuales llevan décadas sin uso y presentan infraestructura obsoleta.
Actualmente, Alemania cuenta con 579 refugios operativos con capacidad para unas 480.000 personas, pero su estado no satisface las demandas de seguridad actuales. Por eso, el gobierno busca recuperar y ampliar un sistema que fue descuidado a partir del final de la Guerra Fría, cuando se redujeron drásticamente las inversiones en protección civil y defensa territorial en Europa.
El ministro de Defensa, Boris Pistorius, resaltó la importancia de combinar el fortalecimiento militar con un apoyo robusto a la defensa civil, enfatizando que no se puede hablar de capacidad defensiva sin reforzar estos sistemas. Por su parte, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, confirmó públicamente el financiamiento destinado para estas medidas, destacando la necesidad de protegerse ante un abanico amplio de amenazas.
Estas amenazas no se limitan a un conflicto bélico tradicional, sino que incluyen extremismo interno, campañas de desinformación, sabotajes digitales y ataques a infraestructuras críticas como redes eléctricas, telecomunicaciones y sistemas de abastecimiento energético. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, países europeos analizan y revisan sus estrategias para hacer frente a estos riesgos híbridos.
La financiación del programa podrá ejecutarse gracias a una flexibilización normativa aprobada el año pasado en Alemania, que permite excluir ciertos gastos militares de los estrictos límites de endeudamiento público, facilitando así la asignación de fondos adicionales a la defensa civil. Este esfuerzo pretende convertir la protección civil en un componente clave de la seguridad nacional, adaptado a los desafíos del presente.