El Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre enfrenta una situación ambiental crítica debido a la continua descarga de aguas residuales sin depurar en sus cauces. Esta problemática, que afecta a un espacio protegido bajo la máxima figura de conservación regional, se extiende por casi dos décadas sin una solución definitiva. La misma Junta de Castilla y León, responsable de la gestión y protección del parque, mantiene activos vertidos que comprometen la calidad del agua y el equilibrio ecológico local.
La asociación Grupo de Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa (Gedemol) ha señalado que la mayoría de las estaciones depuradoras dentro del parque siguen inoperativas o funcionan de forma deficiente. La situación empeora con la llegada del verano, cuando el caudal del río Yuso disminuye y la presión turística crece, aumentando el riesgo ambiental. Además, parte del suministro de agua potable de la localidad cercana proviene del embalse que recibe estas aguas contaminadas, lo que conlleva riesgos sanitarios.
El problema no solo radica en la situación actual, sino en el largo tiempo que lleva sin resolverse. Desde la creación del parque en 1994, la legislación estableció claramente la necesidad de preservar la calidad del agua como prioridad para proteger el ecosistema. Sin embargo, las infraestructuras para el tratamiento de aguas residuales estuvieron paralizadas o sin funcionar correctamente durante más de quince años. Solo en 2007 se firmó un convenio para iniciar las obras de implementación con distintos municipios y organismos provinciales, pero dicha intervención fue insuficiente.
El Procurador del Común de Castilla y León ya advertía en 2008 y 2009 que las depuradoras seguían sin operar plenamente y que se requerían obras urgentes para su correcto funcionamiento. Entretanto, las quejas de los vecinos y municipios se multiplicaron debido a las frecuentes deficiencias técnicas y al alto costo eléctrico que implicaban estas estaciones. Gedemol denuncia que casi veinte años después, la realidad apenas mejora y los vertidos permanecen, poniendo en riesgo la salud ambiental y pública de la zona.
Entre los escasos avances realizados, destaca un acuerdo autonómico firmado a principios de la década pasada destinado a afrontar parte de los elevados costos de operación. No obstante, el retraso en la puesta en marcha efectiva y la falta de una gestión integral reflejan el incumplimiento de los objetivos de conservación y funcionamiento planteados desde el inicio del Parque Regional.