Las denuncias presentadas ante Defensa del Consumidor por problemas vinculados a servicios financieros y tarifas básicas crecieron por encima de las cifras registradas durante el año previo, evidenciando el impacto de la inflación y la restricción presupuestaria en los hogares.
El director de Defensa del Consumidor, Alejandro Garzón Maceda, explicó que el aumento responde tanto a un mayor endeudamiento de las familias como a una revisión más detallada de los consumos y cobros en sus resúmenes, que antes pasaban desapercibidos. En este contexto, los costos fijos como electricidad, agua y transporte se vuelven cargas significativas para un amplio sector de la población.
Según los datos oficiales, la oficina de Defensa del Consumidor suele recibir un promedio anual de alrededor de 3.500 reclamos, pero para este año se espera superar los 4.000. El crecimiento registrado hasta el momento alcanza un 10% y responde a una problemática general vinculada a la situación económica. Durante la pandemia ya se observó un incremento similar en reclamos relacionados con servicios públicos y telefonía.
Uno de los focos conflictivos identificados en los últimos meses es el cobro de precios diferenciados según el medio de pago. A pesar de que la ley prohíbe cobrar recargos por el uso de tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales, entre el 70% y 80% de los comercios continúa aplicando este tipo de prácticas, según las denuncias recibidas.
El aumento de reclamos también refleja una mayor conciencia y control de los consumidores sobre sus gastos, que ahora enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros y el pago de servicios esenciales. Este fenómeno plantea un desafío para la supervisión y regulación efectiva de los proveedores en un escenario de creciente presión económica.