El Congreso se prepara para discutir una iniciativa clave destinada a impulsar inversiones de gran escala en áreas tecnológicas e industriales consideradas estratégicas para el país. La propuesta, denominada “Súper RIGI”, complementa el régimen aprobado el año pasado y se enfoca exclusivamente en proyectos nuevos que aún no tengan desarrollo comercial.
Este nuevo régimen apunta a sectores de avanzada como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, infraestructura digital, producción de baterías de litio, hidrógeno de bajas emisiones, reactores nucleares de pequeño tamaño, vehículos eléctricos, petroquímica avanzada y tecnología aeroespacial, entre otros. Su finalidad es atraer capitales para impulsar industrias emergentes y fomentar empleo especializado.
Para acceder a los beneficios, las inversiones deberán superar los 1.000 millones de dólares y realizarse a través de vehículos de proyectos específicos. También se establecen restricciones para quienes ya estén incluidos en el régimen original (RIGI), dado que no podrán migrar automáticamente al nuevo esquema.
Entre las ventajas fiscales destacan la reducción del impuesto a las ganancias al 15%, amortización acelerada de las inversiones, y exenciones en aranceles aduaneros sobre importaciones y exportaciones vinculadas a los proyectos. Además, el régimen ofrece estabilidad jurídica y fiscal por 30 años, facilidades en el acceso al mercado cambiario y mecanismos específicos para la resolución de controversias.
Otro aspecto relevante es que las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los emprendimientos radicados en sus territorios puedan beneficiarse. Esto implica un compromiso explícito a nivel subnacional para alinear las políticas locales con la expansión de estas inversiones.
Desde el oficialismo, sostienen que esta iniciativa proveerá un marco competitivo para captar inversiones ligadas a industrias de última generación, impulsará las exportaciones y promoverá la generación de empleos calificados, buscando mejorar la inserción del país en mercados internacionales.
En paralelo, la Cámara de Diputados avanzó en otro proyecto prioritario vinculado a la cancelación de una deuda histórica de 171 millones de dólares con dos fondos acreedores relacionados con litigios por bonos impagos desde 2001. Este proyecto, ya aprobado en el Senado, recibió dictamen en Diputados a pesar de la oposición de Unión por la Patria.
Ambas iniciativas constituyen parte de la estrategia gubernamental para abrir la economía y fortalecer la llegada de capitales extranjeros. Se espera que la sesión en la que se trate el “Súper RIGI” y otros proyectos vinculados tenga lugar próximamente para definir su aprobación definitiva.