La Justicia de la provincia de Buenos Aires formalizó la imputación contra Julio Garro, exintendente de La Plata, por presuntas irregularidades en loteos ilegales durante su gestión. La causa, que también involucra a varios funcionarios de su gabinete, investiga operaciones inmobiliarias que habrían generado un perjuicio millonario al Estado.
El expediente abarca desarrollos urbanos aprobados sin los controles legales y técnicos requeridos entre 2015 y 2023. Según fuentes oficiales, la cifra de daño económico estimada supera los 1.500 millones de dólares, producto de tasas municipales no cobradas, plusvalías que no ingresaron a las arcas públicas y obras de infraestructura que nunca se ejecutaron.
La imputación contra Garro incluye cinco cargos penales: enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y daño ambiental previsto en la Ley General del Ambiente N° 25.675. Garro se presentó para ser notificado de la acusación y se respetaron sus garantías constitucionales, entre ellas el principio de inocencia.
La causa había permanecido detenida bajo la instrucción del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien fue recusado por la actual gestión municipal a cargo de Julio Alak, debido a presunta inacción. La orden judicial desplazó la investigación a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5, ahora conducida por Juan Ignacio Mennucci, provocando la reactivación del proceso y ampliando la lista de imputados.
Los loteos ilegales abarcaban más de 450 barrios, con 250 de ellos sin vías de salida adecuadas, lo que ha generado también un impacto ambiental denunciado en la causa. La situación afecta no solo a La Plata, sino también a Berisso y Ensenada, localidades vecinas que enfrentan problemas similares en el crecimiento urbano sin planificación.
En las últimas semanas, se intensificaron las citaciones a los involucrados y la investigación continúa sumando vecinos damnificados y nuevos elementos. Desde el entorno de Garro sostienen que la causa había comenzado en 2024 sin encontrar pruebas, pero que el cambio de fiscal impulsó un giro en la investigación.