La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó un proyecto para regularizar obras irregulares que afectan tanto a propietarios como al mercado inmobiliario local. La iniciativa establece un régimen especial para normalizar construcciones que superan las medidas permitidas por el Código de Edificación y el Código Urbanístico, incluyendo reformas en viviendas, clubes deportivos sin fines de lucro y espacios culturales, educativos o sanitarios.
El plan apunta a resolver las dificultades administrativas y económicas generadas por estas obras fuera de norma, que limitan el acceso a créditos hipotecarios y deprecian el valor de las propiedades. La propuesta incluye recargos considerables sobre los derechos de construcción, diferenciados por el tamaño de la obra, y un régimen temporal con pago escalonado para facilitar la regularización sin liberar a los infractores de multas anteriores.
Las obras elegibles para la regularización deben haberse completado antes del 1 de abril de 2026 y abarcan:
- Construcciones de hasta 5.000 metros cuadrados que infringen el Código de Edificación.
- Edificaciones de hasta 2.500 metros cuadrados en contravención del Código Urbanístico.
- Reformas en viviendas unifamiliares, clubes deportivos sin fines de lucro y centros culturales, educativos o sanitarios.
Quedan excluidas las construcciones ubicadas en zonas protegidas, como Urbanización Parque, aquellas que comprometan la seguridad estructural o invadan espacios públicos más allá de lo permitido. También se mantiene vigente la imposición de multas previas a cualquier proceso de normalización.
En cuanto a los recargos, se establecieron diferentes porcentajes según la superficie de la obra irregular:
- 250% para construcciones menores a 100 metros cuadrados.
- 350% para obras entre 100 y 1.000 metros cuadrados.
- 700% para aquellas que superen los 1.000 metros cuadrados.
- Un recargo fijo del 250% aplicable a viviendas individuales, sin importar su tamaño.
Este esquema no implica una amnistía gratuita, sino un mecanismo fiscal que busca equilibrar la seguridad jurídica con la responsabilidad de quienes realizaron las edificaciones fuera de norma. El gobierno destaca que el pago podrá realizarse en cuotas y que la iniciativa no es una novedad, ya que remite a intentos anteriores del mismo tipo, identificándose miles de casos pendientes de regularización en la ciudad en años recientes.