La Cámara Federal de Casación Penal revocó el archivo de la causa que investigaba la represión sufrida por un grupo de jubilados durante una protesta frente al Congreso y ordenó reabrir la investigación para esclarecer los hechos. Además, decidió apartar a los magistrados federales que habían respaldado el cierre del expediente, cuestionado por considerarse arbitrario.
El fallo, emitido por la Sala II integrada por Alejandro W. Slokar, Ángela E. Ledesma y Guillermo J. Yacobucci, respondió a un recurso presentado por la querella liderada por Adolfo Pérez Esquivel y patrocinada por María del Carmen Verdú. La decisión tomó en cuenta imágenes audiovisuales difundidas por el canal TN que mostraron el accionar policial sobre manifestantes jubilados que no opusieron resistencia, un episodio que generó conmoción entre los observadores presentes.
Slokar señaló que la fuerza pública, en vez de proteger derechos constitucionales fundamentales como la libertad de expresión y la reunión pacífica, actuó impidiendo esos derechos sin justificación. El magistrado alertó sobre un patrón represivo en las fuerzas de seguridad que afecta particularmente a sectores vulnerables y genera un efecto disuasorio en la participación ciudadana y el debate democrático. Además, recordó que la Corte Suprema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigen a los Estados investigar de manera pronta y exhaustiva la violencia contra manifestantes pacíficos, evitando que se perpetúe la impunidad.
Mientras Ledesma acompañó el voto de Slokar y cuestionó la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien había impulsado el archivo de la causa, Yacobucci expresó disidencia y rechazó la admisión del recurso de la querella. Aparte de cancelar el cierre de la investigación, Casación apartó a los jueces federales Bruglia, Bertuzzi y Llorens y ordenó avanzar con nuevas medidas probatorias.
Este fallo tiene importancia especial en un momento en que organismos internacionales y actores locales cuestionan el respeto a las libertades públicas en Argentina, subrayando la necesidad de garantizar que la protesta social se desarrolle sin violencia estatal ni obstrucción judicial.