Varias obras con financiamiento internacional destinado a la provincia de Buenos Aires permanecen paralizadas debido a que Luis Caputo no otorga los avales necesarios para su ejecución. Esta decisión afecta proyectos prioritarios, pese a que organismos como el BID, CAF y Fonplata ya comprometieron fondos para su realización.
Entre los proyectos afectados se encuentran la construcción de una planta depuradora cloacal para las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada, una infraestructura que busca mejorar el tratamiento de efluentes en la región, donde el sistema actual descarga gran parte de residuos sin procesar en el Río de la Plata. Otro emprendimiento parado es un Túnel Aliviador que conectaría el arroyo Las Piedras con el río, diseñado para reducir inundaciones causadas por lluvias en el sur del conurbano.
Además, la negativa de Caputo ha trancado el avance de un acueducto financiado con 63 millones de dólares provenientes de un fondo kuwaití, así como la construcción de una nueva Planta Potabilizadora destinada a mejorar el suministro y la presión de agua en La Plata, Berisso y Ensenada. Esta planta busca sustituir a la actual, que funciona desde hace más de siete décadas y ya no satisface las demandas crecientes de la región.
Las complicaciones también alcanzan obras viales como la autopista sobre la Ruta 11 y trabajos integrales en la Ruta 6, donde existen préstamos con vencimiento próximo y necesidad de aprobación nacional para extender plazos. Un ejemplo adicional es el dragado de la cuarta etapa del Río Salado, que también depende del aval para continuar.
Mientras Caputo autorizó avales para 18 proyectos en diez provincias afines al gobierno libertario en el Congreso, beneficiando a iniciativas con financiamiento internacional por casi 2.000 millones de dólares, Buenos Aires continúa esperando sin respuestas concretas. La demora provocó la intervención del juez Alberto Recondo, quien exigió una resolución en un plazo que ya expiró sin que se haya producido ninguna contestación.
El juez señaló que la falta de autorización representa una restricción directa al financiamiento necesario para ejecutar las obras, fundamentales para atender problemáticas ambientales, hidráulicas y de infraestructura vial en la región. La negativa obstaculiza el desarrollo de proyectos estratégicos, en especial en zonas vulnerables del conurbano bonaerense.