El crimen de Agostina Vega puso en el centro del debate la gestión del gobernador Martín Llaryora y disparó una reacción política inmediata en Córdoba. La oposición local, alentada por un creciente malestar social, impulsa gestos de unidad para desafiar a un oficialismo que acumula una imagen negativa entre los cordobeses.
Según dirigentes opositores, una encuesta difundida antes del caso Agostina indicaba un rechazo cercano al 75% hacia la administración de Llaryora, con un 80% de la población demandando un cambio de rumbo. Esta situación, combinada con el impacto del femicidio y los vínculos revelados entre el presunto asesino y grupos vinculados a la barra brava y al negocio nocturno local, exacerba la crisis política provincial.
En este contexto, la oposición enfrenta el desafío de consolidar un liderazgo común para capitalizar el desgaste del oficialismo después de casi tres décadas de predominio peronista en Córdoba. Gabriel Bornoroni fue ratificado como candidato a gobernador por La Libertad Avanza, lo que añade complejidad a las negociaciones entre sectores que buscan conformar una coalición amplia. Sin embargo, las diferencias internas persisten, con figuras como Rodrigo de Loredo y Luis Juez compitiendo por el mismo espacio de liderazgo.
Además, persisten sospechas sobre un posible pacto entre Llaryora y el Gobierno nacional que buscaría asegurar la reelección del gobernador a cambio del apoyo en la elección presidencial y el respaldo a la eliminación de las PASO. Estas maniobras reflejan el juego político que influye sobre la contienda provincial y condiciona las decisiones de actores clave.
Desde La Libertad Avanza, que mantiene un fuerte respaldo en la provincia, ratificaron a Bornoroni como su candidato, aunque reconocen la necesidad de acordar con otros espacios opositores para no fragmentar el voto. La hermana del presidente Milei es conocida por promover candidatos propios, lo que podría dificultar la conformación de una lista unificada.
La reciente reunión entre Juez y De Loredo muestra la intención de buscar consensos a pesar de las diferencias, entendiendo que una división en la oposición facilitaría la continuidad del oficialismo. El oficialismo, por su parte, mantiene una actitud cauta, evitando declaraciones públicas sobre el caso Agostina y su impacto político, aparentemente en espera de instrucciones desde la Casa Rosada.