La causa judicial que examina un posible fraude millonario en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera) atraviesa una etapa decisiva tras las recientes medidas judiciales que apuntan a la red vinculada a Martín Menem. El juez federal Sebastián Casanello ordenó embargos preventivos por casi 1.000 millones de pesos sobre los bienes de los imputados y citó a indagatoria a actores claves en la trama.
Entre los citados figura Sergio Aguirre, reconocido socio de Menem en la empresa TR Nutrition, junto con los exinterventores oficialistas Virginia Montero y Marcelo Petroni. La causa investiga un supuesto desvío que supera los 266 millones de pesos, confirmando las revelaciones periodísticas anteriores que ya señalaban este esquema financiero.
El origen del escándalo se remonta a un encuentro de alto perfil ocurrido en la Casa Rosada semanas antes del inicio oficial de la intervención en Osprera. En esa reunión, Sergio Aguirre y la futura interventora Virginia Montero se entrevistaron con Eduardo “Lule” Menem, primo de Martín Menem y estrecho colaborador político. Tras este encuentro, la empresa HTECH Innovation, vinculada a Aguirre y creada apenas cuatro meses antes, modificó con rapidez su objeto social para incluir actividades de consultoría.
De inmediato, HTECH Innovation comenzó a facturar a Osprera importes millonarios, con documentos oficiales que evidencian cómo la firma inició su relación comercial con una obra social intervenida. Esta maniobra fue respaldada posteriormente por una pericia judicial realizada sobre el teléfono del exinterventor Petroni, la cual confirmó los vínculos directos entre los involucrados mediante conversaciones privadas.
El avance judicial ahora implica que los procesados enfrentarán procesos para justificar los movimientos financieros y responder por posibles irregularidades en la administración de la obra social. Las medidas adoptadas buscan impedir la disposición y posible ocultamiento de bienes que puedan ser objeto de reclamo en el marco de la causa.