Las recientes designaciones en la Justicia Federal argentina reavivaron el debate sobre la influencia de lazos familiares y relaciones políticas en el acceso y permanencia en cargos judiciales. En la Cámara de Senadores, se ratificaron a candidatos con nexos directos con figuras relevantes del poder judicial, a pesar de cuestionamientos relacionados con edad y mérito.
Un ejemplo emblemático fue la confirmación de Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, para integrar la Cámara Federal de Casación Penal a pesar de estar en edad de jubilación. Similarmente, se aprobó la nominación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, como juez en Santa Fe. Estas designaciones evidencian una práctica arraigada en el sistema judicial argentino.
Un informe elaborado por varias asociaciones civiles, entre ellas Amnistía Internacional, CELS y Poder Ciudadano, examinó 67 postulaciones y detectó diversas irregularidades: cinco casos de vínculos familiares estrechos con magistrados o exmagistrados; tres con fuertes conexiones políticas partidarias; y doce donde se alteraron los órdenes de mérito sin justificación relacionada con la capacidad de los candidatos.
El proceso de selección judicial involucra al Consejo de la Magistratura, encargado de los concursos y elaboración de ternas; al Poder Ejecutivo, que debe elegir basándose en criterios de idoneidad e independencia; y al Senado, que revisa y aprueba las nominaciones. Sin embargo, esta estructura no ha logrado garantizar la objetividad ni limitar el clientelismo.
Investigaciones previas indican que en provincias como Córdoba y La Rioja, más de la mitad de los magistrados federales tienen familiares directos en el poder judicial, un patrón que se repite en Santa Fe, Jujuy y Mendoza. A esto se suman designaciones en tribunales superiores donde jueces presentan lazos políticos previos con los gobernadores que los nombraron.
Además, la falta de sistemas transparentes para el ingreso y contratación en puestos administrativos y técnicos fomenta una cultura de discrecionalidad y endogamia. Otro aspecto preocupante son las influencias de los servicios de inteligencia, que, a través de “enlaces” y “carpetas”, manipulan nombramientos y desplazan candidatos según lealtades, especialmente en la Justicia Federal de Comodoro Py, que investiga delitos graves como corrupción y narcotráfico.
Este entramado corporativo y político en la justicia federal genera un ambiente en el que la impunidad y el ascenso personal es moneda común, minando la legitimidad y eficacia del sistema judicial argentino.