La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum impulsado por el Gobierno nacional para intervenir de manera directa en el proceso judicial que analiza la validez de la Ley 27.802, conocida como la reforma laboral. Este recurso buscaba evitar la instancia de segunda apelación y avanzar más rápido en la aprobación definitiva de la norma.
Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, la Corte consideró que no se cumplían los requisitos del Código Procesal Civil para admitir el recurso extraordinario, ya que debe tratarse de un caso bajo competencia federal y que implique una gravedad institucional notoria. Además, señaló que la solicitud resultaba inoficiosa porque la ley ya estaba en vigencia, debido a que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había restituido su plena aplicación tras revocar la suspensión dispuesta en primera instancia.
El origen de este conflicto se remonta a finales de marzo, cuando el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 suspendió 83 artículos de la reforma laboral a raíz de una medida cautelar solicitada por la CGT. La central obrera argumentó que esos artículos violentaban derechos constitucionales, entre ellos la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la justicia. En respuesta, la Procuración del Tesoro presentó el recurso de per saltum para que la Corte Suprema interviniera directamente y suspendiera la cautelar que afectaba la aplicación de la ley.
También, el Estado objetó la competencia del juez de primera instancia y cuestionó la legitimación activa colectiva de la CGT para iniciar la acción judicial. Sin embargo, estos planteos no prosperaron ante el máximo tribunal. Por lo tanto, la reforma laboral mantiene su vigencia y el proceso judicial deberá continuar siguiendo los canales habituales de apelación.