La causa que investiga el millonario robo de fondos del Tesoro provincial, conocido como el caso de los contratos truchos, podría ser retomada por la fiscal que fue destituida por haber mentido en el proceso. Sin embargo, esa expulsión fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a errores en el procedimiento, lo que permitió su restitución por el Superior Tribunal de Justicia local.
Esta fiscal, que protagonizó una fuerte polémica, intentó presentarse ante la prensa nacional como una víctima de persecución política en el marco de su lucha contra la corrupción vinculada al peronismo y el kirchnerismo. No obstante, su historia resulta contradictoria: el principal implicado en el caso, su socio de confianza, fue beneficiado durante gestiones vinculadas al mismo entorno político que ella criticaba públicamente.
Los abogados defensores resaltaron que, a diferencia de otros acusados en cargos similares, esta fiscal mantuvo un trato diferencial dentro de la investigación. Por ejemplo, mientras su amigo y principal acusado continuó el proceso en libertad, varios de los demás implicados sufrieron prisiones preventivas por pedido de la misma Fiscalía.
En línea con esta controversia, la fiscal había asegurado no conocer a su socio Opromolla, a pesar de que hay registros que prueban que trabajaron juntos bajo nombramientos políticos relacionados con el ex gobernador investigado en el caso. Además, la Suprema Corte dejó en claro que la anulación de la destitución se produjo exclusivamente por formalidades procesales y sin exculparla del delito de mentir, que fue la razón original para apartarla.
Esta situación refleja las complejidades y tensiones dentro del sistema judicial en torno a causas sensibles y de alto impacto político, donde aspectos técnicos legales pueden determinar el rumbo de investigaciones con fuertes implicancias públicas.