El Senado extendió el mandato del juez que rehabilitó la aplicación de la reforma laboral impulsada por el actual Gobierno, una decisión que generó un intenso debate político y gremial en el recinto. Este magistrado fue clave para levantar las medidas cautelares que frenaban la Ley de Modernización Laboral y ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), lo que lo convirtió en una figura controvertida dentro del movimiento obrero.
La discusión parlamentaria evidenció las profundas diferencias en torno a la política judicial del Ejecutivo. El bloque oficialista defendió la extensión del mandato señalando que todos los candidatos evaluados en la Comisión de Acuerdos cumplían con los requisitos reglamentarios y que la renovación responde a la necesidad del Estado de cubrir vacantes en la Justicia. En contraste, la bancada peronista expresó un rechazo contundente hacia la designación del juez, denunciando que su nombramiento parecía una concesión del Gobierno a cambio de fallos favorables.
Durante el debate, se cuestionaron la imparcialidad y los antecedentes del magistrado, incluido su vínculo con la sala de la Justicia Laboral VIII, objeto de sospechas por su supuesto alineamiento con intereses del Ejecutivo. Un senador opositor recordó que el juez modificó decisiones previas para habilitar la reforma laboral, apuntando que la propuesta para renovar su mandato se presentó inmediatamente después de ese fallo, lo que generó dudas sobre la independencia judicial.
Además, se mencionaron rumores sobre negociaciones previas a sentencias relevantes que beneficiaron al gobierno en cuestiones laborales, lo que complejizó aún más el contexto político alrededor del pliego. La intervención de la UOM y la restitución de la reforma laboral fueron los hechos que marcaron la gestión de este magistrado y que alimentaron las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.