La muerte de Lyhanna, una niña de 11 años, desató una oleada de protestas y un fuerte reclamo social contra las autoridades francesas, evidenciando graves fallas en la protección de menores y el sistema judicial. Ante esta situación, el primer ministro convocó una reunión urgente con ministros de Interior, Justicia, Sanidad, Educación Nacional e Igualdad para diseñar medidas concretas que aborden la violencia sexual infantil.
El caso se volvió emblemático por la lentitud y falta de acción ante las denuncias previas contra el principal sospechoso, Jérôme B., quien tenía antecedentes por violación de menores. Uno de los expedientes, presentado meses antes del hecho, no avanzó con la rapidez necesaria: el acusado no fue detenido ni interrogado a tiempo. Esta situación expuso la necesidad de revisar y fortalecer los protocolos judiciales y policiales.
La agenda de la reunión en Matignon incluyó propuestas para endurecer las penas en delitos de violaciones reiteradas, modificar las reglas de prescripción judicial, garantizar la información continua a las víctimas durante el proceso y exigir motivaciones claras para el rechazo o desestimación de causas relacionadas con abusos sexuales. Estas iniciativas formarán parte de un proyecto de ley sobre protección infantil que ya fue presentado ante el Consejo de Ministros y que se espera discutir en el Parlamento a la brevedad.
La convocatoria ocurre en un contexto de movilizaciones masivas en decenas de ciudades de Francia, con manifestaciones frente a tribunales y sedes gubernamentales. Organizaciones feministas y de defensa de la infancia como NousToutes, la Fundación de Mujeres y el Colectivo Feminista contra la Violación protagonizaron concentraciones multitudinarias expresando la indignación social y exigiendo respuestas urgentes.
En varias jurisdicciones, como en Agen, donde se tramita la causa, se registraron protestas con presencia de cientos de personas, incluso niños, lo que aumentó la presión sobre el Ejecutivo justo cuando senadores se preparaban para interrogar a los ministros de Interior y Justicia. Por ahora, no se prevén renuncias, pero desde el Gobierno reconocieron el «miedo» y la «falta de comprensión» generalizadas frente a las circunstancias de esta tragedia y la sobrecarga del sistema.