Varios diputados nacionales de la oposición expresaron su rechazo ante la presentación de Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, durante un plenario de comisiones en el Congreso. Los legisladores acusaron que el funcionario indicó que las inversiones acogidas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) eran totalmente nuevas y que el régimen no implicaba costo fiscal, afirmaciones que contradicen evidencia documental y registros oficiales.
El grupo opositor, integrado por María Jimena López, Hilda Aguirre, Carlos Castagneto, Ana María Ianni, Adriana Sarquis y Hugo Yasky, presentó un proyecto de resolución en el que exigen al Poder Ejecutivo cumplir con la obligación constitucional de brindar información objetiva, precisa y fundamentada. Consideran que el relato oficial vulnera la transparencia y el derecho al acceso a datos públicos.
En el proyecto señalan que los argumentos de González son falsos y sustentan sus afirmaciones con casos específicos:
- El acuerdo del proyecto Gas Natural Licuado (GNL) Southern se firmó días antes de que el RIGI se convirtiera en ley y está registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) con responsabilidad legal.
- Rio Tinto adquirió el proyecto de litio Rincón en 2021 por 825 millones de dólares, tres años antes del establecimiento del régimen, y cuando anunció su expansión por más de 2.200 millones, no mencionó en ningún comunicado el RIGI.
- El Parque Solar El Quemado inició obras dos meses antes de solicitar su adhesión al régimen, siendo aprobado de todas formas.
Los diputados alertan que la aplicación de beneficios fiscales a proyectos con antecedentes previos implica un costo fiscal significativo para el Estado, contrario a lo sostenido por González, quien afirmó que el régimen no genera gastos públicos porque sostuvo que esos proyectos no existirían sin el RIGI.
El proyecto de resolución enfatiza que, ante esta situación, el secretario González actuó en una de estas tres vías, todas inadmisibles para un funcionario público: mintió conscientemente, desconoció la información oficial de las empresas o autorizó sin control beneficios fiscales por tres décadas para iniciativas ya previstas, lo que genera un impacto económico oculto y alto para el Estado.
Finalmente, los legisladores solicitan al Ejecutivo que retorne al Congreso con documentación actualizada, rigurosa y verificable sobre el RIGI para garantizar la correcta evaluación de sus efectos y evitar decisiones basadas en informes desinformados o erróneos.